Esta mañana amanecíamos con nuevas reformas provenientes del “partido del cambio”.
Gallardón, hasta ahora de la sección moderada, planteaba una reforma en justicia que afecta a varios puntos, entre ellos:
Modificación de la actual ley del aborto:
Si la Ley de educación sexual y reproductiva y deinterrupción voluntaria del embarazo de 2010 permitía el aborto sin consentimiento paterno a partir de los 16 años, como ocurre con las operaciones de estética por ejemplo. La modificación que va a ser llevada a cabo por el gabinete de Rajoy sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo sin consentimiento paterno tras haber cumplido la mayoría de edad. Pese a que según datos de las instituciones médicas la medida anterior no ha supuesto un aumento del número de abortos en esa franja de edad.
Prisión permanente revisable:
Ya en su programa electoral el Partido Popular llevaba la cadena perpetua revisable. Aunque está demostrado que con este sistema se cumplen menos años que con el actual sistema de condenas imposibles, cabe destacar el populismo de dicha medida. Busca crear mayor sensación de castigo al culpable cuando el caso trascienda de lo estrictamente judicial y se convierte en un asunto de repugnancia social incontrolada. Saciar la sed de venganza cuando se haga tan popular que sea necesario tranquilizar al pueblo enfurecido. Un engaña bobos y un insulto a la inteligencia y a la propia justicia. Aún así terriblemente eficaz a la hora de calmar a la masa.
Reforma de la Ley del Menor:
El ministro de justicia también ha anunciado una reforma en la Ley del Menor. A partir de ahora los menores que cometan un delito acompañados de algún adulto serán investigados y enjuiciados conjuntamente. Sinceramente no sé en que acabará esta medida. Todo es posible. Pero si puede suponer un atentado contra la principal función que teóricamente debe tener la cárcel y sobretodo los centros de menores, ya que puede suponer un estigma social que impida la futura reinserción del menor. No hay que olvidar que estamos ante personas en formación. No son seres autónomos ni independientes a nivel de derechos, sin derecho a voto y tras la aprobación de estas medidas sin derecho a ser dueños de su propio cuerpo y elegir sobre su maternidad. Y sin embargo culpables tal y como si fueran adultos. Creo que la necesidad populista ha obviado la contradicción que todo esto supone.
Copago Judicial:
Se establece una tasa obligatoria de los costes del proceso a partir de la segunda instancia. La reforma excluye la jurisdicción penal y a las personas sin recursos. No obstante se estudia exigir una mayor acreditación de estás últimas para probar esa situación de desamparo económico. A partir de la segunda instancia, si la apelación resulta positiva se reintegrará el dinero. Considero que es un nuevo impuesto indirecto que como todos los demás repercutirá sobretodo en las clases medias. A su vez otorga a las rentas más altas un privilegio jurídico. Por lo que la supuesta igualdad de los ciudadanos ante la ley queda aún más denostada. Un retroceso que garantiza la desigualdad social. A la vez que otro insulto a la población, en este caso a las clases medias, ya que el argumento es buscar el no-abuso de las instituciones judiciales para evitar el colapso. La medida con esto nos viene a decir que las rentas más altas practican un uso más responsable y van a saber controlar sus impulsos aunque no les suponga nada el nuevo impuesto a la igualdad legal.
En cuanto al cráneo privilegiado promotor de todas estas medidas, el señor Ruiz Gallardón dejo el enlace de un artículo de Juan José Millás que está en sintonía con mis sentimientos hacia el “progre” del PP…