A imagen y semejanza.

La LOMCE es el reflejo de la postura ideológica del actual gobierno, que queda manifiesta en otras medidas, pero que requiere del sistema educativo para asegurar su futuro. Desde el siglo XIX se ha utilizado la escuela pública con el fin de influir en el pueblo para modificar su conducta. Siendo una malformación de la idea de "educación" como derecho humano y asiento para el desarrollo cultural e intelectual del pueblo. Por lo que no es de extrañar que cada gobierno haya modificado las leyes a su antojo en esta materia. La educación es algo serio y vital para un pueblo que pretenda sacar lo mejor de sí mismo y que repercutirá con ello a crear una sociedad más avanzada. En ese sentido la ley educativa debería ser consensuada, debatida y finalmente acordada como un pacto de estado más allá de intereses particulares. 

La LOMCE se aproxima a la ideología actual del gobierno fundamentalmente a través de cuatro puntos:

Autoritarismo.

Está ley no ha sido debatida ni consensuada con los miembros de la comunidad educativa ni con el resto del congreso (que representa al pueblo español). Estamos acostumbrado a esta actitud, ya que es habitual en este gobierno, que ha tenido por costumbre aprobar leyes por decreto aprovechando una mayoría absoluta que deja al congreso y al senado al margen de sus decisiones. 

En la ley se promueve la desaparición de los consejos escolares y se le otorga poder exclusivo, al director (elegido por la administración) sobre todas las decisiones del centro. A imagen y semejanza de la actitud del actual gabinete. 

No distinción público/privado.

Esta característica, propia de regímenes dictatoriales, queda manifiesta habitualmente. Desde los casos de corrupción, donde hay un "malentendido" entre la relación del administrador de lo público y el dinero público administrado, creyéndose dueño y por tanto creyéndolo dinero privado. O las distintas privatizaciones, como si fuese algo lógico decidir qué hacer con algo que es de todos sin consultar a sus legítimos dueños. 

En el caso de la nueva propuesta de ley educativa ocurre algo similar. Debemos contestar a una pregunta:  ¿qué es la educación pública y para quién es? En ese sentido parecen obviar que debe ser para todos y que por tanto debe alejarse de posturas que no puedan englobar a la totalidad. Una escuela laica garantiza la educación de distintas religiones o de ninguna, una escuela que defienda un proyecto religioso dejará al margen a niños pertenecientes a otras religiones o a ninguna. En ese sentido no hay razón para financiar con dinero de todos algo que no va a ser para todos. Es una confusión clara entre lo público y lo privado. Favorecer a su vez proyectos como la segregación por sexos que atenta contra la constitución y los derechos humanos supone ya el máximo exponente de esta confusión, donde se está privilegiando, no sólo una actitud ética personal y privada, sino que se está potenciando algo que atenta contra la igualdad de los seres humanos, fundamental para desarrollar un estado de derecho. Sería absurdo que se blindara apoyos a escuelas de niños marxistas donde se distinga entre socialistas y comunistas. Y que todo eso fuese financiado con dinero público. Podríamos entender que ese proyecto es parcial y a su vez discriminatorio, y que por tanto no ayudaría a ese fin teórico que tiene la educación que es generar un modelo social avanzado donde cada uno pueda desarrollarse. Aniquilar la igualdad de oportunidades impide el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Mercantilización de la educación. La reforma laboral llega a la educación.

El gobierno ha puesto en marcha una reforma laboral donde se desarrolla un modelo  en el que se facilita el despido y el empleo se asienta como precario.  En educación pretenden por un lado: precarizar la situación en casos de no obtener "los beneficios" considerados y por otro facilitar "el despido" del alumnado, echándoles cuanto antes del sistema educativo. 

Desde su preámbulo la ley nos define su proyecto educativo como un proyecto que ayude a los ciudadanos a encontrar un empleo. Esto no estaría mal si no fuese porque no estamos hablando de una bolsa de empleo. 

Con cinco millones de parados es lógico que haya preocupación al respecto, sin embargo, es otro ataque a ese concepto de "sociedad avanzada y de desarrollo personal del individuo" dejar toda su formación supeditada a la obtención de un puesto de trabajo. En ese sentido desaparecen del sistema asignaturas que no consideran "prácticas" para un modelo mercantilista de sociedad como las artísticas. La escuela se convierte en fábrica. Para determinar cuanto antes que papel-herramienta tendrá el individuo, se desarrollan varias propuestas, una de las más polémicas es la reválida, es decir se someterá a los alumnos a exámenes que determinen su nivel y capacitación desde primaria y de forma ajena al centro. Esto quiere decir que alguien, no específico, aunque se apunta a la empresa privada, decidirá, ya desde la tierna infancia quiénes están más capacitados para sus propios requerimientos mercantiles. Además estos resultados serán los responsables de la mayor o menor  financiación de su centro educativo. "A mayor excelencia, más recursos". La financiación de la escuela como un premio por tener alumnos que superan mejor estas pruebas. Si hubiesen abordado el debate con la comunidad educativa habrían salido a relucir una serie de consideraciones que explican el mayor rendimiento del alumnado de algunos centros  y que habitualmente está relacionado con situaciones familiares y socioeconómicas y que en un examen no quedan manifiestas. El alumno del mes, es como el empleado del mes, da mayor repercusión y hace que reciba más fondos "su empresa". Claro que hablamos de niños que se están formando, no de trabajadores precarios muertos de servilismo para no perder el empleo. Y que hablamos de la educación pública y no de una cadena de comida basura.

Otro punto relacionado es los distintos itinerarios que se desarrollan dentro de la educación obligatoria. A efectos prácticos supone la desaparición de 4º de ESO y por tanto de un año de educación obligatoria. Un año antes, en una nueva criba o reválida, se marcará quien va a formación profesional y quien puede seguir con sus estudios. Despido libre del alumnado que no interese a quién ejecute esas cribas.

"Españolizar". Una, grande y ... ¿libre?

El ataque a las comunidades autónomas y sobretodo a las que se salen de la "norma Madrid" es una constante. Se ha reducido la financiación de las mismas y se les han insultado y culpabilizado de todos los problemas del estado español. Lo cierto es que con todos sus fallos, las comunidades autónomas han conseguido con la descentralización trabajar de forma más concreta y eficaz los problemas reales y cercanos que les competen. La mayoría de los problemas que ha surgido en torno a ellas, no son originales de las mismas sino partes de un sistema podrido. Es decir no hay mayor corrupción en las comunidades autónomas, sino una excesiva corrupción que lo impregna todo y que no las deja fuera de su terrible juego. 

España es un país compuesto por diversas culturas, sin embargo hay al menos tres posturas enfrentadas respecto a este punto: una defiende que debemos tener una sola cultura y que toda variación es una afrenta a España, otra se siente orgullosa de pertenecer a un lugar tan heterogéneo y rico. Evidentemente también hay una tercera que considera que la homogenización de España es una afrenta a sus divergencias culturales y que no quiere pertenecer al estado español. 

Existiendo estas posturas enfrentadas el ministro que propone la nueva ley educativa el señor Wert, habla de "españolizar" con ella a los españoles. Es decir, se sitúa ideológicamente en una de las tres posturas anteriormente citadas "Una sola cultura o la afrenta a España".

Pero... ¿es esto lo único que ocurre?

No. La descentralización también permite que por ejemplo Andalucía no quiera acatar algunas partes de una ley, como ocurre con esta por ejemplo, y al ser parte de su responsabilidad no lo hace. ¿Y esto que supone? Pues que el poder omnipotente de una mayoría absoluta y de un gobierno de decretos cae por la descentralización del propio poder en el sistema actual de estado. Por lo tanto ¿qué quiere Wert cuando habla de españolizar? Adaptarnos y someternos a la norma de Madrid desde la cultura pero también desde la imposibilidad de rebeldía frente a las leyes aprobadas de forma autoritaria en el congreso de los diputados.